El 3 de marzo de 2026 se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se reforman las fracciones IV y XI del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral” (el “Decreto”), el cual entró en vigor ayer mismo.
El Decreto es el resultado de las discusiones, diálogos y acuerdos que, a lo largo de dos años, se realizaron entre el sector patronal, el sector obrero y el gobierno federal, dando como resultado la reducción de la jornada.
El Decreto establece que (i) la jornada semanal de labores será de 40 horas, (ii) por cada seis días de trabajo, los trabajadores tendrán un día de descanso semanal; (iii) se aumenta a 12 horas el número de horas extras que los trabajadores pueden laborar, las cuales podrán distribuirse en cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días a la semana; (iv) se establece que las primeras 12 horas extras se pagarán con un ciento por ciento más del salario establecido para las horas ordinarias, mientras que las excedentes se pagarán con un doscientos por ciento más, y (v) se prohíbe el trabajo de horas extras para los menores de 18 años.
De acuerdo con los artículos transitorios, la reducción de la jornada será gradual, por lo que (a) en el año 2026, la jornada se mantiene en 48 horas semanales; (b) en 2027, será de 46 horas semanales; (c) en 2028, será de 44 horas; (d) en 2029, de 42 horas, y, por último, (e) en 2030, será de 40 horas.
La reducción de la jornada no implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones.
Por último, de acuerdo con el Decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria, incluyendo a la Ley Federal del Trabajo, en un plazo de 90 días a partir de la publicación del Decreto.
La reforma constitucional en materia de reducción de jornada se trata de uno de los cambios más trascendentes que se han dado en el derecho laboral y afecta de forma directa las relaciones de trabajo. Por ello, es importante que las empresas lleven a cabo las acciones necesarias para adecuar sus jornadas y documentos laborales.
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